Pensión compensatoria en caso de divorcio

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Como es sabido, a petición de una de las partes, o por acuerdo de ambas, el Juez puede decretar e pago de una pensión compensatoria a favor de uno de los cónyuges cuando la ruptura matrimonial cause un desequilibrio económico en relación con la situación anterior (Artículo 97 del Código Civil).

Su existencia, duración y cuantía viene determinada por múltiples aspectos del beneficiado, como su edad y estado de salud; cualificación profesional y posibilidades de acceso al mercado laboral, la dedicación pasada y futura a la familia, el caudal y necesidades económicas de ambos ex-cónyuges, la colaboración de uno en las actividades profesionales, laborares o empresariales del otro, la pérdida de una pensión, la duración de la convivencia conyugal, así como cualquier otra circunstancia relevante para la adopción de la decisión. En los primeros años de aplicación de la Ley del Divorcio, las pensiones vitalicias compensatorias a favor de las esposas fueron muy frecuentes, sobre todo en los supuestos de largas convivencias y edades avanzadas, dado que la sociedad de entonces había relegado a muchas mujeres al papel de amas de casa.

Actualización de la pensión compensatoria

Sin embargo esta circunstancias han cambiado gracias al acceso de la mujer al mercado laboral y su equiparación en todos los ámbitos sociales, por lo que cada vez son más frecuentes las sentencias en las que no se acuerda ninguna pensión, o la que se acuerda tiene un carácter temporal, más aún cuando la atribución del uso de la vivienda, casi siempre se concede a la esposa y el matrimonio se rigió por el régimen de gananciales, lo que supone que quien menos aportó se beneficia en la liquidación de los bienes que se han hecho comunes.

En este sentido es destacable la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de Mayo de 2013, en la que a la vez que revoca la resolución dictada por la Audiencia Provincial, puntualiza qué significa que la ruptura cause un “desequilibrio económico” y cómo ha de valorarse el patrimonio existente, porque lo que está claro es que lo que se divide, no puede sumar lo mismo que antes de la división. Así señala que: “La cuantía del patrimonio no es determinante por si sola para justificar un eventual derecho a la pensión ni resulta directa y obligadamente del matrimonio”. Lo esencial es tener en cuenta lo que ha ocurrido durante la vida matrimonial y, entre otras cosas, pues a ninguna más se refiere la sentencia, el régimen de bienes a que han estado sujetos los cónyuges en cuanto pueden hacer desaparecer o minorar el desequilibrio que genere posibilidades de compensación y que en el caso es el de gananciales en el que los mayores ingresos del esposo durante el matrimonio se podrán de manifiesto en el momento de la liquidación de la sociedad. Lo cierto es que el matrimonio no impidió trabajar a la esposa, nacida en 1965, que lo sigue haciendo, ni le privó de expectativas laborales, como reconoce la sentencia, lo que supone que tiene suficiente cualificación y aptitud profesional para llevar una vida independiente desde el punto de vista económico.

Tampoco se ha probado que la diferencia de ingresos entre los cónyuges traiga causa directa del sacrificio asumido por la esposa durante el matrimonio por su mayor dedicación a la familia y en concreto por el cuidado del hijo común, mayor de edad, independiente y con trabajo, ni que este sacrificio se encuentre también en relación directa con el progresivo incremento de los ingresos del esposo por su trabajo durante el tiempo que duró el matrimonio, pues nada se dice en la sentencia.El matrimonio, en suma, no ha supuesto ningún perjuicio a la esposa, que sigue trabajando, como antes de casarse y durante el matrimonio, con el plus de la adjudicación del uso de la vivienda, además del beneficio próximo de sus derechos en la sociedad de gananciales, y la situación de cada uno al término de su relación más tiene que ver con su trabajo que con la pérdida de su capacidad laboral o el sacrificio que hubiera tenido que asumir en beneficio del otro.

La sentencia no respeta la doctrina de esta Sala, antes al contrario, convierte la pensión compensatoria en un mecanismo equilibrador de patrimonios de los cónyuges, desatendiendo los parámetros básicos establecidos en dicha doctrina. Es por esta razón que resulta de plena aplicación la doctrina que alude a que la simple desigualdad económica, cuando no es consecuencia de la mayor dedicación a la familia de uno de los esposos, no determina un automático derecho de compensación por vía del artículo 97 CC y a que el principio de dignidad contenido en el artículo 10 CE debe servir de argumento para justificar la independencia económica de los cónyuges una vez extinguido el matrimonio, a salvo los casos previstos en el artículo 97 del código civil ( SSTS 25 de noviembre 2011 , 4 de diciembre 2012 ).

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